Noticia viernes, 5 de junio de 2020
La Cámara de Representantes aprobó hoy viernes, 5 de junio de 2020, una medida que ordena al Departamento de Seguridad Pública y al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), realizar un inventario detallado de todos los almacenes de suministros que mantienen en Puerto Rico y así crear una base de datos actualizados para identificar lo que existe en cada almacén.
Esto, según lo dispone la Resolución Conjunta de la Cámara 589 del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, con el objetivo de establecer los protocolos dirigidos a rotar o distribuir los productos perecederos antes de su fecha de expiración, ya sea por medio de los municipios, el gobierno estatal u organizaciones sin fines de lucro que puedan distribuirlos a comunidades o familias necesitadas.
El objetivo de la pieza es asegurar una respuesta rápida al pueblo de cara a una emergencia o desastre natural, especialmente al inicio de esta temporada de huracanes. Igualmente, toma en consideración los daños que sufre la Isla, especialmente en el área suroeste, por la constante actividad sísmica y la emergencia provocada por la pandemia ocasionada por el COVID-19, que ha conllevado el distanciamiento social y el cierre de oficinas públicas y privadas, comercios y escuelas, entre otros.
En un Informe Positivo, el presidente de la Comisión de Gobierno, el representante Jorge Navarro Suárez, sostuvo que la destitución del entonces comisionado de NMEAD, Carlos Acevedo, por los hallazgos que demostraron haber dejado desprovistos de suministros a miles de puertorriqueños en medio de una emergencia teniendo los recursos almacenados, no es suficiente. Para Navarro Suárez, “la negligencia incurrida por quienes eran responsables de distribuir los suministros y equipos debe acarrear responsabilidad civil y no se debe incurrir en dicha conducta en el futuro. Más aun, cuando vidas pudieran depender de aquellos suministros que han sido seleccionados y guardados para esos propósitos”.
De la misma forma, la Cámara aprobó el nombramiento de la licenciada Karla Mercado Rivera al cargo de Administradora y Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico. El presidente de este Cuerpo y la Comisión de Nombramientos, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, sometió un Informe Positivo al pleno respaldando el nombramiento para el cargo luego de haber evaluado y considerado la información y elementos pertinentes.
Méndez Núñez concluyó en el escrito que “no existe situación conflictiva de sus recursos, inversiones o participaciones con las funciones que la nominada va a ejercer. Luego de evaluar la nominación de la gobernadora de Puerto Rico, no se encuentra ninguna razón legal o de cualquier otra índole que le impida a la nominado ocupar el cargo”. La licenciada ostenta un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha ejercido funciones en el Departamento de Hacienda, Turismo y otros puestos, así como fungir como consultora de negocios y contribuciones.
A su vez, se ratificó el Proyecto de la Cámara 1915 del representante Joel Franqui Atiles, que enmienda el “Código Militar de Puerto Rico” para que se considere a la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) como una agencia de ley y orden, cuando ofrezcan apoyo a agencias de orden público en funciones dirigidas al control del tráfico de narcóticos bajo el programa del Negociado de la Guardia Nacional conocido como el Counterdrug Program.
En un turno a favor de la medida, el portavoz de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, subrayó que el propósito que conlleva es fortalecer a la GNPR para combatir el narcotráfico al participar en los programas federales de distribución de fondos y propiedad de aquellos activos que hayan sido incautados por ser productos de dicha actividad delictiva.
Rodríguez Aguiló rechazó en todo momento que la pieza legislativa se relacione con la intención del presidente Donald Trump de activar la Guardia Nacional en Estados Unidos tras los disturbios por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.
El representante y portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, expresó preocupación en que se extienda la ley en áreas de diversos derechos y procedimientos en Puerto Rico. “Extiende problemas de arrestos a una entidad militar y no civil. La institución de la policía debe ser un ente de civiles y no volver al pasado… es una violación a los derechos humanos”, argumentó.
Asimismo, el portavoz del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hérnandez, opinó que “la GNPR no está diseñada para atender asuntos domésticos o civiles. Utilizar el ejército para esto es contraproducente”. Seguido, el representante independiente Manuel Natal Albelo expresó que “al aprobar esta medida se ignora el contexto que vive Puerto Rico y Estados Unidos con lo que tiene que ver con violencia sistemática”.
Enseguida, Rodríguez Aguiló refutó los planteamientos sosteniendo que, “deben leer la medida. Es clara. La intención es combatir el narcotráfico con todas las herramientas que se pueda y recibir fondos para mejorar la GNPR para ese fin. No se trata de violar los derechos civiles o intervenir con ciudadanos, sino defender la zapata de la sociedad y a nuestros niños del tráfico de drogas. Hablar de Donald Trump está muy lejos de lo que quiere lograr esta medida. Y es, en coordinación con la policía. Les exhorto a que voten a favor de este Proyecto”.
Por otra parte, se favoreció el Proyecto de la Cámara 1647, de la representante Lourdes Ramos Rivera, para establecer el Registro de Endometriosis del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico y disponer su organización y propósitos.
Del representante Francisco Parés Adorno, se favoreció la Resolución de la Cámara 1773, para estudiar las condiciones de vida de las personas de edad avanzada tras el embate de los huracanes Irma y María y la pandemia del COVID-19; particularmente de las personas de edad avanzada que residen en el área norte central de Puerto Rico y que no se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento de la Familia.
Según lee la medida, “durante los últimos 25 años ha habido un aumento significativo en este sector de la población y que resulta ser el grupo que tiene más desventaja económica. Aunque algunos todavía trabajan, la mayoría está fuera de la fuerza laboral recibiendo pensión y seguro social. Ambas cantidades resultan insuficientes para atender sus necesidades alimentarias y de salud. Muchos reciben asistencia del Departamento de la Familia, pero otros no están bajo su jurisdicción. Estos están en dificultad para atender sus necesidades básicas, particularmente por las consecuencias del paso de los huracanes Irma y María y por la pandemia del COVID-19”.
Igualmente, se ratificó la Resolución de la Cámara 1733, del representante Wilson Román López, para investigar la viabilidad de uniformar la reglamentación y las leyes que obligan a los dueños de vehículo de motor a poseer todos los sellos del manufacturero con el número de identificación (vin number) en todas sus piezas de hojalatería. Esto, para poder transitar por las vías públicas, o eximir del trámite de reasignación del sello de identificación del manufacturero cuando se deteriora.
Del mismo modo, el cuerpo aprobó el Proyecto de la Cámara 2056 en concurrencia, del representante Rafael Rivera Ortega, que propone enmendar la “Ley del Corredor para el Desarrollo Socioeconómico de la Montaña”, con el propósito de facilitar el cumplimiento de la referida Ley. Además, concentrar en la Compañía de Fomento Industrial la responsabilidad de implantar las disposiciones del plan estratégico para la promoción industrial y cooperativa de la Región Central una vez sea elaborado.
También en concurrencia, se dio paso al Proyecto de la Cámara 2358, de la autoría del representante José Enrique Meléndez Ortiz, para enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de facilitar la integración efectiva de maestros y estudiantes de todos los niveles escolares con las personas con necesidades especiales, en atención a que el sistema educativo público es uno inclusivo.
Mientras, se respaldó la Resolución de la Cámara 1764, del representante Michael Abid Quiñones Irizarry, que encomienda a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central investigar las condiciones, cuidado y administración del Centro Ceremonial Indígena de Caguana.
A su vez, se ratificó la Resolución de la Cámara 1620, para enmendar la Resolución de la Cámara 312, enmendada por la Resolución de la Cámara 1264, a los fines de extender hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa, el término otorgado a las Comisiones de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud y de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, para rendir informes con respecto a la misma.
Mas tarde, fue favorecida la Resolución de la Cámara 1621, que enmienda la Resolución de la Cámara 310, a los fines de extender hasta el mismo periodo el término otorgado a las Comisiones de Educación, Arte y Cultura; y Hacienda para rendir informes sobre la medida; y el Proyecto del Senado 1473, para designar con el nombre de José Enrique Ayoroa Santaliz, la calle Sendero de la urbanización Valle verde del Municipio de Ponce.
Finalmente, la Cámara aprobó la Resolución Conjunta del Senado 556, en su Informe de Conferencia que establece las reglas aplicables a las primarias a celebrarse el 9 de agosto. También, aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 601 en su Informe de Conferencia de la autoría del representante Ángel Bulerín Ramos, con el fin de reasignar a la Autoridad de Tierras para Programa de Infraestructura Rural y al Departamento de Recreación y Deportes, fondos para autorizar la contratación de tales obras y para otros fines.
La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 8 de junio de 2020, a la 1:00 de la tarde.
